El pasado mes de marzo nos hacíamos eco de la decisión de varios grandes supermercados británicos de reducir el uso de las bolsas de plástico, con el fin de reducir la emisión de CO2 a la atmósfera.
La guerra al despilfarro que representa la proliferación de bolsas de plástico continúa, porque es evidente que hay que atajar de algún modo esta gran fuente de contaminación ambiental:
Cataluña propone gravarlas con una tasa, Londres planea prohibirlas (sólo en el Reino Unido, cada año hay en circulación 1.300 billones de bolsas de plástico que, por ejemplo, matan la vida marina) y el impuesto redujo su uso en Irlanda, Italia, Suecia, Dinamarca, Alemania e Islandia.
En países como Sudáfrica hay multas de hasta 13.800 euros para las empresas que se salten la norma que prohíbe la utilización de estas bolsas.